Navegación de entradas ¿Cuándo inicia el mandato presidencial en Bolivia?Por GerardoLuna.mxTras celebrarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo de Rodrigo Paz, quien asumirá como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta elección marca un giro significativo en la política boliviana, ya que Paz será el primer mandatario no alineado con la izquierda en ocupar la jefatura del Estado en más de dos décadas.Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, es una figura conocida dentro del panorama político boliviano. Nació en Madrid, España, durante el exilio político de su padre, Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia (1989–1993) y destacado líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).Aunque Rodrigo Paz no ha seguido la misma línea ideológica que su progenitor, ha forjado una carrera propia dentro de la política nacional. Fue alcalde de la ciudad de Tarija entre 2015 y 2020, destacándose por una gestión enfocada en la planificación urbana, la administración de recursos públicos y el desarrollo local. Posteriormente, fue electo senador por el departamento de Tarija, cargo desde el cual fortaleció su imagen como una figura moderada y crítica del oficialismo.Con una trayectoria marcada por una postura de centro, el ahora presidente electo ha logrado consolidar una coalición multipartidista que logró imponerse en las urnas frente a los candidatos de los tradicionales partidos de izquierda, incluidos el Movimiento al Socialismo (MAS).De acuerdo con el calendario constitucional de Bolivia, el nuevo presidente asume el mando el 22 de enero del año siguiente a su elección, fecha en la que se celebra el “Día del Estado Plurinacional”. Por lo tanto, Rodrigo Paz tomará posesión oficialmente el 22 de enero de 2026, en una ceremonia que tendrá lugar en la sede del Gobierno, en La Paz.La transmisión de mando incluye actos solemnes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el presidente electo jurará su cargo y recibirá los símbolos del poder: la banda presidencial, el bastón de mando y la medalla del Libertador Simón Bolívar.La elección de Rodrigo Paz se da en un contexto de profunda polarización social, descontento ciudadano con las gestiones anteriores y demandas de renovación en el liderazgo nacional. Su campaña se centró en la necesidad de diálogo, institucionalidad, desarrollo económico sostenible y lucha contra la corrupción, lo que generó apoyo en diversos sectores, especialmente en las regiones del sur y del oriente boliviano.Con esta victoria, Bolivia inicia una nueva etapa política, con la expectativa de que se fortalezcan la democracia, la estabilidad y el crecimiento económico en un país que ha atravesado varias crisis en los últimos años.Los desafíos que enfrenta el próximo mandatario son complejos: reactivar la economía, recuperar la confianza en las instituciones, garantizar la independencia judicial y consolidar la reconciliación nacional. La comunidad internacional observa con atención esta transición, en un momento clave para la región andina.Con su asunción el 22 de enero de 2026, Rodrigo Paz tendrá el reto de gobernar un país que busca equilibrio, diálogo y prosperidad después de años de incertidumbre política. Transportistas denuncian tarifas excesivas y abandono vial en caseta rumbo a Poza RicaPor GerardoLuna.mx Poza Rica, Ver.- Representantes del sector transportista en el estado de Veracruz han manifestado su inconformidad por las elevadas tarifas de peaje y el mal estado de las carreteras en la región norte, específicamente en la caseta de Totomoxtle, la cual consideran una de las más costosas del país y paso obligado hacia la zona de Poza Rica.Valentino Romero Trujillo, delegado estatal de la organización AMOTAC calificó como un «robo carretero institucionalizado» la situación que actualmente enfrentan tanto transportistas como ciudadanos al transitar por esa vía. Aseguró que, a pesar de los altos cobros, las condiciones de la carretera distan mucho de ofrecer un servicio adecuado.“Las carreteras están en condiciones deplorables, llenas de baches, sin señalización adecuada ni mantenimiento. Es inadmisible que se cobren tarifas superiores a los 500 pesos por tramo, cuando lo que recibimos a cambio son caminos deteriorados”, declaró Romero Trujillo.El dirigente explicó que las autopistas concesionadas continúan operando sin mejoras visibles, a pesar del constante ingreso económico por concepto de peaje. Indicó que este esquema resulta no solo injusto, sino contrario al desarrollo económico y la movilidad segura que requiere la región.Además de exigir una revisión a fondo del esquema tarifario actual, el representante de AMOTAC solicitó que se implemente una exención total del pago de peaje para vehículos que transportan víveres y ayuda humanitaria, especialmente en situaciones de emergencia o desastre natural.“No es posible que empresas concesionarias se nieguen a brindar paso libre a camiones que transportan ayuda a comunidades vulnerables.Nosotros no estamos lucrando, estamos supliendo el abandono del gobierno en zonas marginadas. Es indispensable garantizar el libre tránsito en estos casos”, subrayó.Romero Trujillo también señaló preocupaciones en materia de seguridad.Afirmó que la caseta de Totomoxtle se ha convertido en un punto rojo para actos delictivos, donde han sido constantes los reportes de robos a transportistas y usuarios en general.“Esa caseta representa un riesgo. Urge la intervención de la Policía Estatal y la Guardia Nacional para prevenir asaltos y proteger a quienes circulan por esa vía. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para que las autoridades actúen”, expresó.Finalmente, el líder transportista reiteró su oposición a nuevos proyectos de instalación de casetas en el estado, al considerar que no existe justificación para ampliar un modelo que, en su opinión, no cumple con los estándares de servicio ni de seguridad que deberían garantizarse a los usuarios.“Antes de pensar en construir nuevas casetas, el gobierno y las concesionarias deben enfocarse en reparar y mantener las carreteras que ya existen. Exigimos transparencia en el uso de los recursos recaudados y un alto inmediato al abuso contra los transportistas y la ciudadanía”, concluyó.